Procuraduría en conflicto por desacatar orden de la JEP,

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Guillermo Rodríguez Rodríguez, oficial retirado, inhabilitado de ejercer cargos públicos, había sido condenado a 25 años de prisión en el 2007 por un caso de falsos positivos, quien posteriormente quedó en libertad en el 2017.

 

 

Dentro de los antecedentes disciplinarios, la Procuraduría aún guarda esta inhabilidad que se le imputó por sus actos durante el conflicto, la Corte Constitucional tuvo que intervenir a explicar la situación de los excombatientes y agentes del Estado que están sometido o serán sometidos bajo la jurisdicción especial para la paz, y si pueden ejercer cargos públicos o No aun cuando fueron en su momento inhabilitados.

 

 

Por ley Constitucional sí es posible, sin embargo, se atraviesan los antecedentes que se emiten desde la Procuraduría.

 

 

En este caso específico sucedió que el oficial retirado tenía la posibilidad de volver a cargos públicos aun cuando desde la JEP se le había prohibido; por esta razón el alto tribunal afirma que la procuraduría borrando los antecedentes del oficial, contrariando las normas de la jurisdicción especial para la paz y las normas que rige la JEP.

La procuraduría habría incurrido en violar los derechos de las víctimas en cuanto a la verdad y la reparación, los cuales son los pilares que sostienen el argumento de la JEP en la mediación de las víctimas del conflicto armado.

 

 

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